VIVIENDA Y REGISTRACIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL.Artículo de Doctrina

Szmuch,Mario, Gabriel (2014)Discursus sobre el régimen de vivienda y la registración de su subrogación
real en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Dinámica,
interpretación amplia y propuestas para su implementación. en: Revista del Notariado, Órgano del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Director: Álvaro Gutiérrez Zaldívar, Nª 917, Julio septiembre 2014. Disponible en:http://www.revista-notariado.org.ar/wp-content/uploads/2015/02/RDN-917-pdf.pdf

DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Expte. 77215/2009 – “Piriz, carlos heber y Otro c/ Cons. de Prop. Azopardo 473/477 Esq. Venezuela 101/115 s/ daños y perjuicios derivados de la prop. horiz.” – CNCIV – SALA H – 04/12/2014
PROPIEDAD HORIZONTAL. Daños en unidad funcional. Filtración de agua proveniente de los desagües pluviales. Deficiente aislación de techos y patios. Propietario que impide el ingreso a su departamento. Único acceso para efectuar las reparaciones de las partes comunes en cuestión. DEBER RECÍPROCO DE COLABORACIÓN Y SOLIDARIDAD QUE DEBE PRIMAR EN LA VIDA CONSORCIAL. Falta de adecuación. ARTÍCULO 2046 DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL RECIENTEMENTE SANCIONADO. Responsabilidad del consorcio y del accionante. Conducta errática y negligente de ambos. Corresponde a cada uno asumir el 50% de los gastos de reparación del departamento. Daño emergente. Elevación
“Nos encontramos ante un grupo humano ligado por lazos de diversa índole, los cuales estructuran relaciones de extrema importancia y trascendencia, destinadas naturalmente a perdurar en un grado de aceptable armonía y tolerancia, lo que necesariamente debe trasladarse al plano específico de funcionamiento del propio consorcio, interpretándose los actos ejecutados y el desenvolvimiento de la comunidad con un temperamento proclive a dotar de mínima estabilidad y seguridad jurídica a la gestión de los bienes así organizados. (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 96, Exptes. N° 114.831/2008 y 56.994/2009, “Cons. deProp. Armenia 2409/2411 c/ Girod González, Luis Horacio s/ Cumplimiento de Reglamento de Copropiedad – Ordinario” y “Consorcio de Propietarios Armenia 2409/11 c/Quiroga, Claudio Jorge s/Desalojo: Otras causales –Sumarísimo”, del 04/11/2014).”
“En definitiva, analizar cada una de las cartas y los dichos de los testigos como si de ellos pudiera extraerse un íter fáctico unívoco y objetivo resulta utópico y no ajustado a lo que la experiencia nos acerca respecto de la vida de los consorcios.”
“No puede dejar de señalarse que el Código Civil sancionado en su TÍTULO V, referido a “Propiedad horizontal”, en su Capítulo 2, que versa sobre las `Facultades y obligaciones de los propietarios.”, en el artículo 2046, establece: `El propietario está obligado a: (…) e) permitir el acceso a su unidad funcional para realizar reparaciones de cosas y partes comunes y de bienes del consorcio, como asimismo para verificar el funcionamiento de cocinas, calefones, estufas y otras cosas riesgosas o para controlar los trabajos de su instalación.” Ello refuerza la tesitura adoptada por la juzgadora al responsabilizar no solo al consorcio sino también a la parte actora ante el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. Recordemos que el experto sostuvo que la única forma de acceder era a través del departamento del Sr. Píriz. También que en un caso de urgencia o necesidad extrema se podía acceder poniendo tablones que hicieran transitables los techos metálicos (y lógicamente inclinados), que no son normalmente transitables (fs….). Manifestó además en la audiencia en la que brindó explicaciones que el acceso lógico a las canaletas es desde la terraza del actor y que en caso de emergencia se puede acceder desde cualquier otra terraza mediante tablones. Insistió en que lo razonable era que cualquier reparación se hiciera desde la terraza haciendo especial hincapié en el traslado de los materiales (fs. ..vta.).
“La juzgadora entendió que la reticencia que demostraron los actores a fin de impedir la realización de las obras en las partes comunes –génesis de los daños existentes en su vivienda– durante un extenso período de tiempo, denotaba que no estaban en condiciones de asumir semejante responsabilidad. Agrego ahora que también en el supuesto de los daños en el propio inmueble, el consorcio es el obligado natural para su ejecución, ya que representa la voluntad de todos los comuneros y el interés de estos, del que –a no olvidarse– los actores también son parte.”
Citar: elDial.com – AA8CF0
Publicado el 05/02/2015
Copyright 2015 – elDial.com – editorial albrematica – Tucumán 1440 (1050) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina
Fallo Completo
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Expte. 77215/2009 – “Piriz, carlos heber y Otro c/ Cons. de Prop. Azopardo 473/477 Esq. Venezuela 101/115 s/ daños y perjuicios derivados de la prop. horiz.” – CNCIV – SALA H – 04/12/2014
En Buenos Aires, a días del mes de diciembre del año 2014, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “Piriz, Carlos Heber y otro c/ Cons. De Prop. Azopardo 473/477 Esq. Venezuela 101/115 s/ daños y perjuicios derivados de la prop. Horiz.” y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, la Dra. Abreut de Begher dijo:
I) En la sentencia obrante a fs. 805/827 se hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Carlos Heber Piriz y María Victoria Vázquez de Piriz y se condenó al Consorcio de Propietarios Azopardo 473/477 esquina Venezuela 101/115 a: 1) Realizar las obras en las partes del edificio indicadas en los considerandos, cuyo costo está a cargo de la comunidad consorcial. 2) Efectuar la contratación de las obras y el control de su calidad y tiempo de ejecución; 3) Asumir la reparación de los daños de la unidad funcional de los accionantes, cuyo costo total de las obras a realizarse será compartido en un 50% por la parte actora. Queda también a cargo del consorcio la contratación de dichos trabajos y su cumplimiento en el plazo estipulado por el experto. 4) Pagarle a la parte actora en el plazo de 10 días la suma de $ 8.000, más intereses en concepto de daño emergente. 5) El actor queda obligado a permitir el acceso a través de su unidad para la ejecución de las obras, tanto comunes como las de la propia unidad funcional. Con costas a la demandada vencida.
Contra ella, apelaron la demandada a fs. 833 y la parte actora a fs. 842, recursos que fueron concedidos a fs. 834 y fs. 845. A fs. 870/873 expresó agravios la parte demandada, mientras que la actora lo hizo a fs. 874/883. Corrido el traslado de ley, las partes contestaron a fs. 885/889 y fs. 891/896.
En consecuencia, las actuaciones se encuentran en condiciones para que sea dictado un pronunciamiento definitivo.
II) Agravios
En su memorial, la parte demandada sostiene que siempre existió buena voluntad por parte del consorcio para dar solución a los problemas debatidos en esta litis, pero que el actor nunca prestó la debida colaboración para dar inicio a las reparaciones, pese a haber sido intimado numerosas veces por distintos medios. Agrega que el problema de las filtraciones surgió del deplorable estado de las canaletas, embudos y desagües pluviales de los techos existentes en el inmueble del actor. Considera que el mayor porcentaje de responsabilidad le cabe al actor. Dice también que los deterioros datan inclusive de cuando él era administrador.
Critica también que se haya fijado una suma de $ 8.000 por daño emergente y la imposición de costas.
A su tiempo, la parte actora afirma que mal puede haber ofrecido el consorcio realizar las reparaciones si nunca reconoció los daños. Pide que se analicen seis cartas que se acompañaron con la contestación de demanda y que se valore que los testigos tienen un interés económico en el resultado del juicio por ser copropietarios. Afirma que de la documental puede observarse que el consorcio nunca tuvo un presupuesto ni recaudó dinero para reparar lo dañado.
Aduce la actora que si bien resulta aceptable que sea el consorcio el que realice las obras en las partes comunes del edificio, no es así respecto de las tareas dentro del inmueble, las que pueden ser hechas por personal contratado por ella misma una vez terminadas las correspondientes a los techos y partes externas y comunes. Entiende, además, que los presupuestos deben ser actualizados.
En otro punto, se queja de que se haya rechazado la partida por daño moral y del monto por el que ha prosperado el rubro daño emergente. Pide se tenga en cuenta la cantidad de días que van a durar los trabajos y solicita que no se ponga una suma fija sino lo que resulte efectivamente del alquiler temporario.
III) La decisión
En el caso, no estuvo controvertida la existencia de filtraciones y humedades en la Unidad Funcional N° 9, de propiedad de los actores. El desacuerdo versó sobre quién era responsable por ello y sobre la extensión del daño.
La sentenciante de grado señaló que se trataba de un incumplimiento contractual, mencionó los artículos pertinentes del Reglamento de Copropiedad y analizó la prueba pericial, las actas de asamblea, el resto de la documental y las declaraciones de los testigos. Concluyó que asistía razón a los accionantes en su pretensión pero no en toda la extensión de su reclamo. Así, sostuvo que los daños producidos en el interior de la unidad funcional de los actores debían ser reparados para recuperar la habitabilidad y funcionamiento adecuado de la vivienda.
El nexo de causalidad entre los desperfectos que presentaban las canaletas de desagüe de agua pluvial, los desperfectos de la impermeabilización de techos, azoteas y muros exteriores y las filtraciones en la UF 9, fue explicado en la pericia. El origen de las filtraciones y humedades se encontró en la diferencia de cubiertas del techo (cúpula con aislación hidráulica; mansarda; cubierta metálica de chapas desnuda y con distintos tipos de membrana flexible aplicada a la chapa) y en la falta de limpieza de las canaletas, trabajo que resultaba imposible de ser realizado por su propietario.
En ese contexto, se responsabilizó al consorcio por los daños provocados por las filtraciones de agua provenientes de los desagües pluviales y la deficiente aislación de los techos y patios, es decir, originadas en partes comunes del edificio. Sin embargo, la juzgadora consideró que la mora en el inicio de las obras y su mayor costo, tuvo origen también en la conducta reticente del actor. En suma, entendió la jueza a quo que el estado actual del inmueble del actor y de partes comunes esenciales del edificio se había debido a la conducta errática y negligente de ambas partes.
IV) Daños a reparar en las partes comunes
La magistrada condenó al consorcio a realizar las obras en las partes del edificio (desmontar techo existente y colocar techo metálico con chapas tipo Cincalum, con armazón de madera, sin machimbre, incluyendo canaletas; tapar uniones con 20 cm. de membrana; desagües verticales; limpieza y reposición de babetas; picar revoque existente en patio interior; azotea; pintura exterior sobre revoque fino; limpieza permanente y retiro de escombros). Sobre esto, no hubo agravio de ninguna de las partes.
En la sentencia se puso a cargo del consorcio la contratación de los trabajos y su cumplimiento en el plazo estipulado. Consideran los actores en su memorial que debió establecerse un procedimiento para la aprobación de las etapas intermedias, el final de la obra y la recepción conforme de la unidad reparada.
Ahora bien, una de las facetas del principio dispositivo impone que son las partes quienes determinan el thema decidendum, es decir, que el órgano judicial debe limitar su pronunciamiento tan solo a las cuestiones que han sido objeto de las peticiones de las partes. Estas determinan el alcance y contenido de la tutela jurídica, incurriendo en incongruencia el juez que se aparte de esas cuestiones. El artículo 277 impone este principio a las instancias superiores y, respetando el principio de congruencia, define la actuación de los tribunales de apelación entre lo que se denomina “personalidad de la apelación” y las cuestiones que se deriven con posterioridad al dictado de la sentencia de primera instancia. Es que no procede introducir mediante la apelación cuestiones novedosas o sorpresivas no alegadas en la instancia de grado –ni introducidas como hecho nuevos– pues ha perecido la oportunidad para invocarlas (Scolarici, en Highton- Areán, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Hammurabi, pág. 343).
Es que la alzada constituye un área de revisión que, por tal razón, carece de poderes para decidir sobre temas no sometidos al juez inferior, pues su función prístina no es la de fallar en primer grado sino la de controlar la decisión de los magistrados de jerarquía inferior (Hitters, Técnica de los recursos ordinarios, ed. 2000, pág. 406).
En ese mismo sentido, se ha dicho que el recurso de apelación solo tiene por objeto la consideración de los agravios causados por el rechazo de lo que fuera motivo de reclamo en la instancia anterior, por lo que el recurrente no puede introducir ningún punto extraño a lo que dio motivo a la decisión apelada (Colombo- Kiper, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado, Tomo III, La Ley, pág. 193).
En atención a que lo solicitado no ha sido sometido a la decisión de la magistrada preopinante, no corresponde dar tratamiento a la queja.
V) Daños a reparar en la unidad funcional de los actores
La sentenciante condenó al consorcio a hacerse cargo del 50% de los gastos de reparación en la unidad funcional de los actores, quienes deberían hacerse cargo del otro 50%. De esos porcentajes se quejan tanto la parte actora como la demandada.
Luego de una detenida lectura de los elementos de la causa, de la sentencia en crisis y de los memoriales de ambas partes, realizaré algunas reflexiones generales para luego abocarme a aquellos aspectos concretos que merezcan ser tratados en particular.
Lo que se desprende del material probatorio, analizado bajo la óptica de la sana crítica, es que la conducta de Píriz no fue adecuada al deber recíproco de colaboración y solidaridad que debe primar en toda vida consorcial.
Nos encontramos ante un grupo humano ligado por lazos de diversa índole, los cuales estructuran relaciones de extrema importancia y trascendencia, destinadas naturalmente a perdurar en un grado de aceptable armonía y tolerancia, lo que necesariamente debe trasladarse al plano específico de funcionamiento del propio consorcio, interpretándose los actos ejecutados y el desenvolvimiento de la comunidad con un temperamento proclive a dotar de mínima estabilidad y seguridad jurídica a la gestión de los bienes así organizados. (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 96, Exptes. N° 114.831/2008 y 56.994/2009, “Cons. deProp. Armenia 2409/2411 c/ Girod González, Luis Horacio s/ Cumplimiento de Reglamento de Copropiedad – Ordinario” y “Consorcio de Propietarios Armenia 2409/11 c/Quiroga, Claudio Jorge s/Desalojo: Otras causales –Sumarísimo”, del 04/11/2014).
Con ese trasfondo, advierto que el coactor pretende que se analice cada una de las circunstancias en las que él no permitió el ingreso a su vivienda –con su correspondiente justificativo– por separado. De hecho, en el memorial transcribe pasajes de seis cartas intercambiadas con el consorcio y pide que sean tenidas en cuenta.
Ahora bien, independientemente de los motivos que esgrime para proceder de la manera que lo hizo en cada una de esas cartas, considero que el accionar en conjunto de Píriz debe interpretarse como un todo dotado de sentido, en donde el sentido de esa “vida humana viviente” –en términos de Cossio– se presenta como esencial a la hora de dilucidar la cuestión de quién debe pagar por los daños en su inmueble. El autor mencionado ha destacado con suma agudeza la importancia del sentido valioso a la hora de comprender el objeto del derecho, conducta humana en interferencia intersubjetiva (objeto cultural egológico). De ese modo interpretado el actuar de Píriz, jamás podría darse crédito a los argumentos que formula en su memorial, ya que sería absurdo escindir cada uno de los hechos que menciona para valorarlos como si fuesen independientes. Sería tanto como pasar por alto el sentido valioso, aspecto necesario para comprender una conducta humana (sustrato). Las conductas de Piriz deben ser analizadas bajo una mirada totalizadora y no desde la opacidad de hechos aislados.
Algo similar sucede con las quejas vertidas sobre la valoración que la sentenciante realizó sobre los testimonios de los copropietarios. Por supuesto que nadie podría desentenderse del interés económico que ellos tienen en el resultado del juicio, pero ello no obsta a que sus palabras puedan ser interpretadas razonablemente junto a otros elementos de prueba, tal como lo hizo la magistrada. Por otra parte, lo cierto es que en la vida de un consorcio, ¿qué mejor que los dichos y las conductas de los propios copropietarios para desentrañar la verdad de ese mundillo tan ajeno a la –muchas veces– quietud de un expediente? La realidad es que el juez vio con claridad prístina los conflictos de base del edificio donde vive el actor y, dando detalle de los datos jurídicamente relevantes acaecidos por el lapso de años, ofreció una solución que a todas luces aparece como equitativa.
En definitiva, analizar cada una de las cartas y los dichos de los testigos como si de ellos pudiera extraerse un íter fáctico unívoco y objetivo resulta utópico y no ajustado a lo que la experiencia nos acerca respecto de la vida de los consorcios.
Para descartar cada uno de los argumentos traídos por la parte actora, no se debe sino recurrir a los sólidos fundamentos de la jueza de grado que supo advertir e interpretar adecuadamente la problemática de este consorcio. Las actas de asamblea (cuyos pasajes relevantes fueron recabados por la sentenciante) son suficientes para contradecir los argumentos vertidos por el demandado en su primer agravio.
Por último, no puede dejar de señalarse que el Código Civil sancionado en su TÍTULO V, referido a “Propiedad horizontal”, en su Capítulo 2, que versa sobre las “Facultades y obligaciones de los propietarios.”, en el artículo 2046, establece: “El propietario está obligado a: (…) e) permitir el acceso a su unidad funcional para realizar reparaciones de cosas y partes comunes y de bienes del consorcio, como asimismo para verificar el funcionamiento de cocinas, calefones, estufas y otras cosas riesgosas o para controlar los trabajos de su instalación.” Ello refuerza la tesitura adoptada por la juzgadora al responsabilizar no solo al consorcio sino también a la parte actora ante el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. Recordemos que el experto sostuvo que la única forma de acceder era a través del departamento del Sr. Píriz. También que en un caso de urgencia o necesidad extrema se podía acceder poniendo tablones que hicieran transitables los techos metálicos (y lógicamente inclinados), que no son normalmente transitables (fs. 204). Manifestó además en la audiencia en la que brindó explicaciones que el acceso lógico a las canaletas es desde la terraza del actor y que en caso de emergencia se puede acceder desde cualquier otra terraza mediante tablones. Insistió en que lo razonable era que cualquier reparación se hiciera desde la terraza haciendo especial hincapié en el traslado de los materiales (fs. 217 vta.).
Desde otra perspectiva, tampoco me parecen convincentes los argumentos de la parte actora, que pretende que se aumente el porcentaje de responsabilidad, insistiendo sobre temas harto tratados en la sentencia de grado. Traer nuevamente a colación que la responsabilidad es exclusiva del Sr. Píriz, con lo contundente que ha sido la pericia en este aspecto, no puede tener asidero en esta alzada; menos cuando la sentenciante ha ofrecido numerosos argumentos en el considerando VI, que no fueron rebatidos.
Por todo ello y, reitero, por los sólidos fundamentos explicados en la sentencia de grado, considero que debe confirmarse la sentencia en cuanto establece que el consorcio debe asumir la reparación del 50% de los daños de la unidad funcional de los accionantes, quienes se harán cargo del otro 50%.
VI) Forma en que deberán ser llevadas a cabo las tareas en la unidad funcional de los actores
Los actores solicitan que las tareas a llevarse a cabo dentro de su inmueble sean realizadas por personal contratado por ellos mismos una vez terminadas las correspondientes a las partes comunes y no por el consorcio, como se decidió en la sentencia.
La juzgadora entendió que la reticencia que demostraron los actores a fin de impedir la realización de las obras en las partes comunes –génesis de los daños existentes en su vivienda– durante un extenso período de tiempo, denotaba que no estaban en condiciones de asumir semejante responsabilidad. Agrego ahora que también en el supuesto de los daños en el propio inmueble, el consorcio es el obligado natural para su ejecución, ya que representa la voluntad de todos los comuneros y el interés de estos, del que –a no olvidarse– los actores también son parte.
Por otra parte, el experto ha señalado la conveniencia de que el inmueble se encuentre deshabitado a la hora de realizar las obras (fs. 202 y fs. 218) y es por ello que se ha asignado una partida para cubrir el alquiler de otra vivienda, con lo que mal podrían argüir, que se generarían los problemas aducidos en la demanda (fs. 36 vta.). Considero que la solución propiciada por la sentenciante es correcta y por ello debe confirmarse la sentencia de grado.
Por otra parte, en cuanto al pedido de que se actualicen los presupuestos –mínimamente mencionado en el memorial de la actora–, en tanto ello no ha sido solicitado en el escrito de demanda, resulta de aplicación el artículo 277 del CPCC, de acuerdo a lo expresado con anterioridad.
VIII) Daño emergente
La sentenciante de grado estableció por la partida la suma de $ 8.000.
Pide el actor que en lugar de una suma fija, se condene al consorcio a abonar el alquiler por el tiempo que la unidad se mantenga inhabitable.
Es cierto que el tiempo que demandarán las obras es de 90 días, según lo expuesto por el perito y también que este recomendó que la vivienda estuviera deshabitada durante la ejecución de toda la obra, incluyendo el tiempo de las obras en partes comunes y en el departamento de los actores (fs. 203).
En ese marco y haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 165 del CPCC, propongo al acuerdo elevar el monto a la suma de $ 16.000.
IX) Daño moral
La magistrada rechazó la partida por daño moral.
En atención a los fundamentos esgrimidos en la sentencia de grado (fs. 824 vta. y 825) y a que ellos no han sido rebatidos de acuerdo a lo prescripto en el artículo 265 del CPCC, considero que debe declararse desierto el recurso en este punto. En efecto, el actor se limita a reiterar los argumentos ensayados en su demanda sin hacerse cargo de lo manifestado en la sentencia.
X) Intereses
Dice el actor que no resulta claro desde cuándo deben correr los intereses.
La sentenciante fijó los intereses desde la fecha del hecho.
Se aclara la sentencia en el sentido que la fecha del hecho debe considerarse el 26/10/2005, fecha más antigua de la que se tiene noticia de los problemas en la unidad funcional 9 (fs. 6/7 del expte. 101.605/2007).
XI) Costas
Pide la demandada que las costas sean repartidas ya que la actora ha sido parcialmente vencida.
Asiste razón a la demandada por lo que propongo que las costas de la anterior instancia sean soportadas en 70% al consorcio y en un 30 a la actora (artículo 68, segunda parte, y 71 del CPCC).
Las costas de Alzada deben repartirse en un 50% para cada una de las partes.
XII) Colofón
Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo que, de ser compartido mi criterio, se eleve la partida por daño emergente a la suma de $ 16.000, se aclare la sentencia en cuanto a que la fecha del hecho data del 26/10/2005 y se modifique las costas de la anterior instancia, las que deberán ser soportadas en un 70% por el consorcio y en un 30% por la actora. Las costas de alzada se reparten en un 50% para cada una de las partes.
El Dr. Picasso y el Dr. Kiper, por las consideraciones expuestas por la Dra. Abreut de Begher, adhieren al voto que antecede.
Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.
FDO. Sebastián Picasso – Liliana E. Abreut de Begher – Claudio M. Kiper. /nos Aires, de diciembre de 2014.
Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: I.- Elevar la partida por daño emergente a la suma de $ 16.000, aclarar la sentencia en cuanto a que la fecha del hecho data del 26/10/2005 y modificar las costas de la anterior instancia, las que deberán ser soportadas en un 70% por el consorcio y en un 30% por la actora. Las costas de alzada se reparten en un 50% para cada una de las partes.
II.- Toda vez que la sentencia condena al pago de una suma líquida y a una obligación de hacer, a efectos de establecer la base regulatoria, deberá estimarse en primera instancia el costo de las reparaciones a cargo del consorcio de conformidad con el procedimiento establecido por el art. 23 de la ley 21.839 – t.o. LEY 24.432-.
Interín difiérase la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en autos. (art. 279 CPCCN).
Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.
Fdo.: Sebastián Picasso – Liliana E. Abreut de Begher – Claudio M. Kiper
Citar: elDial.com – AA8CF0
Publicado el 05/02/2015
Copyright 2015 – elDial.com – editorial albrematica – Tucumán 1440 (1050) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

FALLO DEL DÍA: IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR INMUEBLE ASIENTO CONYUGAL

43384/2004/2 – “Enea Spilimbergo Fernando s/ quiebra s/ incidente de venta” – CNCOM – SALA A – 11/11/2014
Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2014.-
Y VISTOS:
1.) Apeló el fallido la resolución de fs. 247 que rechazó el pedido de declaración de “inejecutabilidad” del inmueble cuya subasta fue decretada en fs. 230/231, conforme lo normado por la ley 14.432 de la Provincia de Buenos Aires.-
El Sr. Juez a quo estimó inaplicable al caso de autos la previsión de esa norma, teniendo en cuenta que fue sancionada con posterioridad a que el bien en cuestión ingresara al activo falencial y formara parte, por ende, de los bienes desapoderados desde la fecha del decreto de quiebra. El magistrado señaló que declarar ahora la inejecutabilidad de aquél importaría alterar la garantía de los acreedores y los derechos de éstos a percibir sus acreencias con el producido de los bienes desapoderados, lo que se encuentra vedado por el art. 3 CCiv.-
Los fundamentos fueron desarrollados en fs. 282, siendo respondidos por el síndico en fs. 298/299.-
En fs. 310/311 fue oído el Sr. Representante del Ministerio Público, quien dictaminó en el sentido que surge de las citadas fojas.-
2.) El recurrente alegó en su memorial que el juez de grado habría realizado una errada interpretación de la ley provincial 14.432, pues en ningún caso ésta prevé su inaplicabilidad para supuestos de deudas anteriores al momento de la ejecución del bien. Refirió asimismo que cualquier norma de carácter general -como es el caso del art. 3 CCiv.-, queda subsumida en la norma de carácter particular y local como lo es la ley invocada, de aplicación al territorio de la Provincia de Buenos Aires.-
3.) Señálase liminarmente que la ley 14.432 y en lo que aquí interesa, establece que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única y de ocupación permanente es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa de su titular -art.2-.-
La cuestión guarda similitud con la decisión adoptada por el más Alto Tribunal del país al plantearse la validez del art. 58 de la Constitución de la Provincia de Córdoba y de la ley local 8067 que la reglamenta -referidas a la inembargabilidad de la vivienda única-. Sobre el particular, la C.S.J.N ha sostenido in re: “Banco de Suquía S.A c/ Tomassini Juan Carlos (causa 737. XXXVI, Fallos: 325:428 del 19.03.02 que para “decidir sobre la validez de las normas sub examine, corresponde considerar si es la Nación o son las Provincias las que tienen competencia para legislar en la materia”. Y, desde tal sesgo, reseñó que la Corte ya ha resuelto que “las relaciones entre acreedor y deudor sólo pueden ser objeto de exclusiva legislación del Congreso de la Nación, en virtud de la delegación contenida en el antiguo art. 67, inc.11 (actual art.75, inc.12) de la Constitución Nacional. Ello alcanza a la forma y modalidades propias de la ejecución de los bienes del deudor (Fallos 271:140, último considerando). Esto es así, porque al atribuir la Constitución, al Congreso, la facultad de dictar el Código Civil, ha querido poner en sus manos lo referente a la organización de la familia, a los derechos reales, a las sucesiones, a las obligaciones y a los contratos, es decir, a todo lo que constituye el derecho común de los particulares considerados en el aspecto de sus relaciones privadas (Fallos 156:20)”.-
“Como lo ha declarado el Tribunal, las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación y no les está permitido dictar los códigos después de haberlos sancionado el Congreso, precepto que no deja lugar a duda en cuanto a que todas las leyes que estatuyen sobre las relaciones privadas de los habitantes de la república, sean personas físicas o jurídicas, al ser del dominio de la legislación civil y comercial, están comprendidas entre las facultades de dictar los códigos fundamentales que la Constitución atribuye exclusivamente al Congreso (Fallos 150:320). Determinar qué bienes del deudor están sujetos al poder de agresión patrimonial del acreedor -y cuáles, en cambio, no lo están- es materia de la legislación común, y como tal, prerrogativa única del Congreso Nacional lo cual impone concluir que no corresponde que las provincias incursionen en ese ámbito. Ese poder ha sido delegado por ellas a la Nación al sancionarse la Constitución y esta distribución de competencias no podría alterarse sin reformar la Ley Fundamental”. Con las ya citadas normas cordobesas se ha pretendido alterar ese diseño constitucional e invadir el terreno en el que corresponde a la Nación dictar las normas, máxime cuando la ley nacional 14.394 tutela de modo suficiente la vivienda familiar. Por eso declaró su invalidez (art. 31 CN, véase considerando 9).-
La Corte señaló, en esa línea que, aunque se considerase (como hipótesis) que la inembargabilidad de la vivienda de la vivienda fuera un tema exclusivo del derecho de seguridad social, la legislación que también estaría comprendida, por su materia, en un eventual código “del trabajo y seguridad social” tendría carácter de derecho común, que es aquel que sanciona el Congreso con arreglo a la delegación del art. 67, inc.11 (actual art. 75, inc.12) de la Constitución Nacional y, ajeno, por ende, a la competencia normativa de los estados provinciales.-
Resumiendo, el fallo de la Corte se centra en que las normas provinciales antedichas invadieron materias delegadas en los términos del art. 75 inc. 12 de la ley fundamental y además, la cuestión se encuentra regulada por la ley 14.394 de bien de familia (art. 34 y sgtes).-
Siguiendo tal lineamiento otras Salas de este Tribunal se han expedido sosteniendo la inconstitucionalidad del citado art. 58 de la Constitución de la Provincia de Córdoba y de su reglamentación -inembargabilidad de la vivienda única de semejante contenido al de la normativa que nos ocupa- (cfr. arg. CNCom., Sala E., in re: “Circulo de Inversores S.A de Ahorro P/F Determinados c/ Fiorenza Victorio Manuel y otros s. ejecución prendaria” del 26.04.00; Sala B., in re: Circulo de Inversores S.A de Ahorro P/F Determinados c/ Ramallo Jorge s. ejecución prendaria”, del 30.10.08).-
Queda en claro entonces que la conclusión de la C.S.J.N en el precedente trascripto supra -y demás antecedentes jurisprudenciales- sin hesitación puede extenderse a la normativa de que aquí se trata, esto es, la ley 14.432 de la Provincia de Buenos Aires, pues viene tal disposición a regular una materia propia y exclusiva del Código Civil lo que controvierte el reparto de competencias Nación-Provincias. Debe señalarse, en esa línea, que la cláusula constitucional relativa a la vivienda digna (art.14 bis, CN) no importa consagrar un derecho individual a la vivienda a costa de los acreedores, la que, además, se encuentra tutelada por la ley nacional 14.394 -que instituye el bien de familia-, pues de lo contrario se estaría avanzando por parte de la legislatura local sobre una materia que es privativa del Congreso Nacional, en franca contradicción con el principio de jerarquía que estatuye el art. 31 de la carta magna. De este modo pues, la determinación de los bienes del deudor están sujetos al poder de agresión patrimonial del acreedor y es materia de la legislación común y, como tal, prerrogativa única del Congreso Nacional, por lo que como lo expusiera la C.S.J.N no corresponde que las Provincias incursionen en ese ámbito, pues ese poder ha sido delegado a la Nación.-
En ese orden de ideas, la cuestionada ley provincial 14.432, al disponer la inembargabilidad e inejecutabilidad de todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única y de ocupación permanente, transgrede la delegación de ciertas facultades al Estado Nacional, por lo que en la medida en que una ley del Congreso Nacional no modifique el Código Civil o derogue o modifique la ley n° 14.394 -que regula el bien de familia-, la inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda familiar debe ser juzgada entonces conforme a sus prescripciones. Ello no implica que las Provincias no puedan mejorar derechos individuales y colectivos previstos en la CN, pero ello de manera alguna supone que al obligarse constitucionalmente a brindar una vivienda digna a todos sus habitantes lo hagan en desmedro de los legítimos derechos de otros ciudadanos y de las normas dictadas por el órgano federal competente. Por lo tanto, impedir, entonces, a un legítimo acreedor embargar y ejecutar un bien del patrimonio de su deudor implica un menoscabo de su derecho de propiedad (esta CNCom., esta Sala A, 20.12.2013, “Cao López Aurora c. Vicente Oscar y Otro s. Ejecutivo”).-
Sobre la ley de que aquí se trata, la jurisprudencia, siguiendo el lineamiento de la Corte in re: “Banco de Suquía S.A c/ Tomassini Juan Carlos ha dicho que en la medida que el sistema de inembargabilidad e inejecutabilidad automática o de inmunidad de la vivienda única que prevé la ley 14.432 difiere del voluntario contenido en la ley nacional de bien de familia y que ésta, a su vez, cumple con los estándares de la Carta Magna y de los instrumentos internacionales, corresponder declarar su inconstitucionalidad (cfr. arg., Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, in re: “Rabaza Luis Francisco c/ Cooperativa de Trabajo Alfin de Mar Ltda y otro s. cobro ejecutivo de alquileres”, del 24.09.13).-
Sobre tales bases entonces, la posición del fallido en punto a que “cualquier norma de carácter general como el art. 3 del Código Civil, queda subsumida a la norma de carácter particular y eminentemente local cual es la ley 14.432, que es una norma de aplicación de carácter particular y territorialmente de aplicación en la Provincia de Buenos Aires, exclusivamente” no puede ser admitida.-
En efecto, el orden jurídico debe ajustarse a la Constitución por lo que es natural que se instrumenten mecanismos tendientes a evitar que una norma -o conjunto de ellas-, cualquiera sea su naturaleza o su forma, se aparte de aquélla. Es que si la Constitución es una ley suprema, cuando existe una norma que se encuentra en pugna con ella es deber del tribunal proceder –incluso de oficio- a su revisión judicial, determinando qué es y qué no es constitucional, coordinando los derechos a fin de evitar acciones gubernamentales y leyes que puedan violentar la constitución desvirtuando su supremacía (doctrina de la sentencia pronunciada en el año 1803 por el Juez norteamericano Marschall en el famoso caso “Marbury vs. Madison”; véase Trachtman Michael G., “The Supremes´greatest hits. The 34 Supreme Court Cases …”, p. 23/28).-
En el derecho argentino, este control es judicial y difuso, de manera que todos los órganos judiciales de la República, sean nacionales o provinciales, y cualquiera fuera su jerarquía, se hallan habilitados, con motivo de los casos concretos sometidos a decisión, para declarar la invalidez de las leyes y actos administrativos que no guarden conformidad con la Constitución Nacional.-
En suma, como necesaria derivación del principio de supremacía consagrado por la Constitución Nacional, todos los jueces de la Nación, cualquiera sea su fuero o jerarquía y, con motivo de los casos concretos sometidos a su decisión, están habilitados para declarar la invalidez de las leyes y de los actos administrativos que contraríen el texto constitucional, pues en la medida en que aquéllos son órganos de aplicación del derecho vigente y en que éste se halla estructurado como un orden jerárquico subordinado a la Constitución, el adecuado ejercicio de la función judicial lleva ínsita la potestad de rehusar la aplicación de las normas que se encuentren afectadas por aquel vicio (conf. Palacio L., “Derecho Procesal Civil”, Tº II., p. 227).-
4.) Si bien lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para desestimar el planteo introducido por el recurrente en su memorial, a todo evento y solo a mayor abundamiento, puntualízase que encontrándose fuera de discusión que esta quiebra y, por ende, el desapoderamiento de los bienes del deudor se concretó con anterioridad a la sanción de la ley 14.432, su aplicación al caso de autos vulneraría el principio de irretroactividad consagrado por el art. 3 CCiv.-
A esos fines corresponde analizar la situación planteada desde la óptica de los arts. 2 y 3 del Código Civil.-
La primera de esas normas señala que la entrada en vigencia de un cuerpo legal se produce luego de su publicación en el Boletín Oficial y que será obligatorio, desde el día que se determine, si se designa tiempo, o dentro de los ocho días después de su publicación en el Boletín Oficial, en caso contrario. La segunda norma, indica la manera en que han de efectivizarse los efectos de la nueva ley con relación al tiempo y a las relaciones preexistentes. Dicho art. 3° establece, textualmente, que “a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias.”
Esta última alternativa, exige ahondar en los alcances del mentado art. 3 CCiv. en aquellos casos en los que, como en el que nos ocupa, se plantee alguna controversia sobre la debida aplicación del nuevo ordenamiento legal a las relaciones y situaciones jurídicas ya existentes y sus consecuencias.-
Debe repararse en que la interpretación de la norma de aplicación tiene como pilares dos principios fundamentales: la irretroactividad de la ley -salvo disposición en contrario, que en ningún caso podrá afectar derechos amparados con garantías constitucionales- y su aplicación inmediata, a partir de la entrada en vigencia “aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”.-
Cabe profundizar aquí, en el primero de esos principios, esto es, aquél que veda toda posible aplicación retroactiva no prevista expresamente y que lleva de la mano a precisar cuándo una ley es retroactiva, lo que presenta particulares dificultades si se trata de hechos in fieri, es decir, en curso de desarrollo. Ello, a fin de apreciar si la aplicación de la reforma en el caso, puede implicar una indebida aplicación retroactiva.-
Debe recordarse que se ha dicho que se configurará una aplicación retroactiva de la ley: a) cuando se vuelva sobre la constitución o extinción de una relación o situación jurídica anteriormente constituida o extinguida; b) cuando se refiera a los efectos de una relación jurídica ya producidos antes de que la nueva ley se halle en vigencia; c) cuando se atribuyan efectos que antes no tenían a hechos o actos jurídicos, si estos efectos se atribuyen por la vinculación de esos hechos o actos con un período de tiempo anterior a la vigencia de la ley; d) cuando se refiera a las condiciones de validez o efectos en curso de ejecución que resulten ser consecuencias posteriores de hechos ya cumplidos, con valor jurídico propio, en el pasado y que derivan exclusivamente de ellos, sin conexión con otros factores sobrevinientes (confr. Roubier P.,”Les conflicts des lois dans le temps” t.1, págs. 376 y sigs.; Borda G. “La reforma del código civil. Efectos de la ley con relación al tiempo” E.D. T.28 pág.809; Coviello y Busso, citados por LLambías J.J. “Tratado de Derecho Civil. Parte General”, T° 1, pág. 144/5, en nota 68 bis).-
Sentado ello, no cabe más que concluir que las disposiciones de la ley 14.432 no resultan aplicables al sub examine.-
5.) Corresponde ahora analizar la procedencia de la solución propiciada por el Ministerio Público Fiscal en el dictamen de fs. 310/311 en el sentido de otorgar un plazo para que se depositen en la quiebra el importe equivalente a los créditos verificados y los gastos del concurso.-
En este sentido, no es dable desatender las circunstancias que rodean este trámite falencial, en particular, que el martillero manifestó que el inmueble se encuentra habitado por el quebrado, su cónyuge y sus tres hijos, como asimismo que el pasivo verificado asciende a $ 19,354,58, comprensivo de solo dos acreedores -AFIP y Dirección General de Rentas de la Provincia de Buenos Aires-, por cuanto el acreedor peticionante de la quiebra -Fabián Ariel Cardano- no verificó su acreencia en el proceso.-
Este marco fáctico evidencia la razonabilidad de admitir la posición del Sr. Fiscal General, concediendo al fallido la posibilidad de depositar en la quiebra el importe de los créditos verificados y los gastos del concurso, bajo apercibimiento de continuar con los trámites de la subasta, ello, dentro del plazo que el juez estime pertinente a tal efecto.-
Con este único alcance entonces, se admitirá el agravio esgrimido sobre el particular.-
6.) Por todo ello, y oído el Sr. Fiscal General, esta Sala RESUELVE:
Hacer lugar al recurso interpuesto por el fallido con el alcance y por los fundamentos expresados en los considerandos 3°, 4° y 5° de la presente y, por ende, modificar el pronunciamiento de fs. 247, otorgándose al apelante la posibilidad de depositar en la quiebra las sumas de dinero necesarias para atender los créditos verificados y los gastos del concurso, bajo apercibimiento de continuar con los trámites inherentes a la subasta.-
Poner en conocimiento del magistrado de grado lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal en el punto 6.) del dictamen de fs. 310/311.-
Distribuir las costas de Alzada en el orden causado, atento las especiales circunstancias que rodean el caso y el modo en que se resuelve (art. 68, párrafo segundo, CPCC).-
Notifíquese al Sr. Fiscal General en su despacho. Cumplido, devuélvase a primera instancia, encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones del caso con copia de la presente resolución.-
A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la Ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta (30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas.-
Fdo.: ALFREDO A. KÖLLIKER FRERS – ISABEL MÍGUEZ – MARÍA ELSA UZAL
VALERIA C. PEREYRA: Prosecretaria de Cámara
Citar: elDial AA8CB4
Publicado el: 22/01/2015
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REFLEXIONES SOBRE EL NUEVO CÓDIGO: Disposiciones comunes a los derechos reales de garantía (Marcela Iturbe)

Iturbe, G,A (2013) Disposiciones comunes a los derechos reales de garantía.Revista Derecho Privado. Año II, N° 5. pág. 123 Infojus.Id Infojus: DACF130143. Disponible en: http://www.infojus.gob.ar/doctrina/dacf130143-iturbide-disposiciones_comunes_derechos_reales.htm?src=RVDPR005

FALLO: Expensas en Club de Campo

19666/2014 – “Club De Campo Haras Del Sur c/Farias Pablo Oscar s/ejecutivo” – CNCOM – SALA F – 04/11/2014
JUICIO EJECUTIVO. Pretensión de cobro ejecutivo de las expensas comunes de un club de campo. Aquiescencia del deudor a las prescripciones del reglamento interno, transcripto en la escritura traslativa de dominio. Previsión expresa que estipula la vía ejecutiva para el cobro de las expensas comunes, liquidadas por el Directorio y certificadas por contador público. Posibilidad de acordar convencionalmente títulos ejecutivos al margen de los legalmente previstos. Renunciabilidad de los derechos. Buena fe contractual. Doctrina de los actos propios. Procedencia. NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. Asignación del marco legal de derecho real de propiedad horizontal. Asimilación que alcanza al régimen de gastos y contribuciones. Voluntad del legislador de equiparar su tratamiento jurídico. Pertinencia de la solución, ante la aproximación de las especies y la necesaria integración que deberá formularse del artículo 524 Código Procesal Civil y Comercial
“…no existe óbice jurídico alguno para acordar a los particulares -la facultad de acordar convencionalmente títulos ejecutivos al margen de los legalmente previstos- (arg. arts. 1137 y 1197 Cód. Civil) siempre que: (i) no exista expresa prohibición legal en contrario (arg. art. 19 CN) (ii) no se viole el orden público procesal y (iii) se respeten las condiciones que hacen a la habilidad ejecutiva de tales instrumentos, las cuales se encuentran expresamente previstas en normas procesales (vgr. que se trate de una obligación dineraria líquida o fácilmente liquidable, no sujeta a condición, asentada en un instrumento que se baste a sí mismo a fin de que no se requiera indagación ajena al mismo y del cual surjan las condiciones de acreedor y deudor)”.-
“…de la misma manera que una persona puede legítimamente renunciar a derechos que involucren un interés patrimonial (art. 868 Cód. Civil y ss.) también se encuentra facultado para restringir o acotar el margen de sus defensas oponibles ante un eventual reclamo judicial tratándose de un derecho creditorio. Desde este abordaje, el pacto de ejecutividad no es más que una renuncia anticipada por parte del deudor futuro a su derecho a un proceso de “conocimiento” que “declare” la existencia de la deuda por expensas comunes”.-
“…el principio de la buena fe no resiste la idea de que un contratante dote a la otra parte de un instrumento eficaz para la ejecución y que, cuando se pone en marcha el mecanismo acordado, se intente cuestionar la base de la contratación sin alegar la existencia de un vicio de la voluntad al momento del acuerdo”.-
“…el novísimo Código Civil y Comercial de la Nación recepta los emprendimientos o conjuntos inmobiliarios como los del caso, asignándoles como marco legal el del “derecho real de propiedad horizontal” (art. 2075) al cual, lógicamente, alcanza el régimen de “gastos y contribuciones” (art. 2081). De modo que, la voluntad del legislador de equiparar su tratamiento jurídico coadyuva a ratificar la pertinencia de la solución, ante la aproximación de las especies y la necesaria integración que deberá formularse del art. 524 CPCC.”
Citar: elDial.com – AA8CD9
Publicado el 28/01/2015

FALLO: Despido de Trabajador en Barrio Privado

SD 19641 – Expte. 24.832/2011/CA1 – “Verchelli, Daniel Adrián c. Securitas Argentina SA y otro s. despido” – CNTRAB – SALA IX – 21/10/2014
En la Ciudad de Buenos Aires, el 21-10-14 , para dictar sentencia en los autos “VERCHELLI, Daniel Adrián c. SECURITAS ARGENTINA SA y otro s. despido” se procede a votar en el siguiente orden:
El doctor Alvaro Edmundo Balestrini dijo:
I.- La sentencia de primera instancia condenó a Securitas Argentina SA y solidariamente –en los términos del artículo 30 de la LCT- a Asociación Civil Club Newman, a cancelar diversos rubros de naturaleza laboral, por considerar improcedente el despido dispuesto por la principal con fundamento en el artículo 244 del mismo ordenamiento sustantivo.-
Trataré en primer lugar el recurso de la sociedad comercial codemandada, que discute lo decidido en torno a la denuncia del contrato de trabajo. Anticipo mi punto de vista contrario a su parecer.-
He sostenido en controversias del tipo de la presente, que la mencionada situación jurídica requiere una clara intención del dependiente de no continuar la relación que lo liga a su empleador, puesto que sólo se da tal supuesto cuando se demuestra cabalmente que el ánimo de aquél ha sido el de no reintegrarse a sus tareas, ya que no toda ausencia permite inferir tal determinación.-
En la especie, memoro que durante el intercambio telegráfico el trabajador invocó que la demandada incumplió con el deber de dar ocupación, intimando el otorgamiento de tareas (ver fs.3/15). Ello, en mi opinión, no puede ser leído sino como la exteriorización inequívoca de su parte de continuar ejecutando la contratación laboral y preservar la fuente de trabajo. Por consiguiente, considero que no es posible imputársele el incumplimiento contractual invocado por su contraria.-
No soslayo las inasistencias alegadas por la recurrente, ni las intimaciones practicadas a su respecto. Empero, aun cuando fueran admitidos tales extremos, la parte pasa por alto que en el marco del artículo 244 de la LCT, no basta con probar aquella situación sino que es necesario probar la reticencia del trabajador de poner a disposición su fuerza de trabajo. Y de las posiciones asumidas en la gestación del conflicto individual, insisto, surge lo contrario. Dicho de otro modo, independientemente de la valoración que pueda merecer la postura del actor, lo que nunca se ha configurado es el abandono de trabajo alegado por la empleadora como motivación del acto extintivo, lo que sella la suerte adversa de la queja.-
II.- La demandada supeditó la pertinencia del disenso vinculado con la multa del artículo 2º de la ley 25.323 a la de la cuestión de fondo. Como se ha visto, la sentencia merece ser confirmada en lo sustancial y ello conduce a hacer lo propio respecto del rubro sometido a revisión.-
III.- En lo que atañe al agravamiento contenido en el artículo 45 de la ley 25.345, el planteo se reduce a señalar la confección y puesta a disposición de las certificaciones laborales, sin indicar cómo resultaron probados tales extremos. En ese contexto, el recurso se limita a una mera enunciación dogmática sin sustento probatorio, lo cual no accede a la calidad de agravios en sentido técnico jurídico (artículo 116 de la LO).-
IV.- La codemandada Asociación Civil Club Newman objeta que se le hayan extendido los efectos de la condena en los términos del artículo 30 de la LCT. Argumenta que su actividad principal no es brindar seguridad y protección, sino el perfeccionamiento de la formación cristiana de sus asociados.-
A mi juicio, aun cuando fuera sostenido que la vigilancia no constituye una actividad normal y específica propia del establecimiento, no es menos cierto que es de público y notorio conocimiento que este tipo de entidades no podrían funcionar si no proporcionaran a sus miembros la seguridad indispensable para el disfrute de sus instalaciones. No se debe perder de vista que las condiciones socioeconómicas del entorno de estos lugares han generado la integración a sus actividades del servicio de seguridad. Así pues, se trata de una cuestión que ha pasado a formar parte de los servicios que deben proveer a los socios, aun entidades sin fines de lucro. (CNAT, Sala V, “Medina, Juan c. Investigaciones Duque SA s. despido”, sentencia de fecha 28.9.1995). No debe soslayarse que resulta esencial el concepto de seguridad en la caracterización de este tipo de establecimientos, que torna necesaria la efectiva vigilancia del predio, que resulta tan ineludible como la de brindar la posibilidad de practicar deportes y permitir otras formas de recreación a salvo de riesgos externos (CNAT, Sala X, “Scida, Leonardo c/ OSLI SRL y otro s. despido”; sentencia de fecha 31.12.1997).-
En efecto, si bien la codemandada no tiene como objeto principal proporcionar los servicios de seguridad a los propietarios de los lotes residenciales, no es posible escindir del estudio global de la controversia que tales servicios resultan de vital importancia y constituyen un factor atractivo para las personas que pretenden vivir en barrios cerrados, lo cual explica la contratación de empresas del rubro destinadas al control de ingreso tanto de los socios como de los no socios. A partir de ello, resulta incuestionable que la actividad de seguridad provee el mejor desenvolvimiento y consecución de los fines perseguidos por el consorcio, ya que permite el desarrollo de las actividades que forman parte de su objeto principal y posibilita un mejor servicio a quienes por seguridad pretenden vivir en él.-
En lo que hace al cumplimiento de los deberes de contralor dispuestos en el artículo 30 citado, corresponde señalar que el memorial se limita a señalar la observancia de la ley, sin indicar los medios probatorios que conducirían a tenerla por cierta. En tales condiciones corresponde ratificar lo decidido sobre punto y aplicar la responsabilidad solidaria expresada en el artículo 30 de la LCT.-
V.- Viene cuestionados también los pronunciamientos sobre costas y honorarios. Sugiero confirmarlos, ya que las codemandadas resultaron globalmente vencidas y por ello no encuentro mérito para apartarme del principio general que rige en la materia, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN). Respecto de la regulación de honorarios de los profesionales actuantes, digo aquello porque guardan razonabilidad con relación a la importancia, el mérito y la extensión de las tareas desarrolladas y pautas arancelarias de aplicación (artículos 6°, 7° y 19 de la ley 21.839, 3° del decreto-ley 16638/57 y 38 de la ley 18.345).-
VI.- Por lo expuesto y argumentos propios de la sentencia apelada, sugiero que se la confirme en todo lo que ha sido materia de apelación y agravios. Se impongan las costas de Alzada a las apelantes (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN) y se regulen los honorarios de los letrados que suscriben las piezas recursivas en el 25% de los asignados en la anterior instancia (artículo 14 de la ley 21.839).-
El doctor Roberto Pompa dijo:
Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.-
El doctor Gregorio Corach no vota (artículo 125 de la LO).-
A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE: 1.- Confirmar la sentencia de fs.359/367 en todo lo que ha sido materia de apelación y agravios. 2.- Imponer a las codemandadas las costas de Alzada. 3.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los asignados en origen.-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Fdo.: Alvaro Edmundo Balestrini – Roberto Pompa
Citar: elDial AA8BAF
Publicado el: 02/02/2015
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Prólogo al nuevo Código Civil y Comercial

Prólogo: Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994. Director: Julio César Rivera – Graciela Medina
PUBLICADO EL 15 ENERO, 2015 POR THOMSON REUTERS

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN COMENTADO
Presentación Código Civil y Comercial de la Nación

Por Ricardo Luis Lorenzetti
Presidente de la Comisión de Reformas (decreto 191/2011)

El objeto de esta breve introducción, es ofrecer una primera guía en aspectos de técnica jurídica para agilice la lectura del Código Civil y Comercial de la Nación (1), el que, seguramente será estudiado en profundidad por la doctrina y jurisprudencia especializada y difundido a sus destinatarios, el pueblo de la Nación, a quienes está destinado.
I. Anteproyecto, Código y Sistema jurídico
Es importante señalar que en la comunidad académica de Argentina existe un consenso muy amplio sobre la necesidad de una reforma de este tipo. Tal acuerdo fue expresado en siete proyectos presentados a lo largo de muchos años (2) y respaldado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Nuestra Comisión utilizó todo ese caudal de conocimientos, más la consulta a casi cien juristas argentinos y tres extranjeros. A ello cabe agregar el importante trabajo del poder judicial, que adelantó muchísimas de las reformas que se introducen, y del legislativo, que avanzó con varias leyes dictadas con anterioridad, que ahora se incorporan.
Sin perjuicio de ello, la Comisión, que redactó desde el primero al último de los artículos del anteproyecto e introdujo una sistematización con paradigmas muy claros, se hace enteramente responsable de todos los textos, porque es lógico que quienes colaboraron en informes jurídicos sobre una norma o texto puntual, no tienen porqué estar de acuerdo con el resto del articulado en cuya redacción no participaron.
Luego de todo el proceso legislativo (3), el anteproyecto se transformó en Código, con una serie de modificaciones. Si se analizan, la mayoría se refieren a ajustes y correcciones que surgieron de los debates así como del aporte de los comentarios de doctrina y que no generaron discusión alguna. Si nos concentramos en la relevancia, los aspectos más controvertidos fueron los introducidos por el Poder Ejecutivo (4), que no fueron compartidos por la Comisión, y que se transformaron en la principal materia discutida en el trámite parlamentario.
La mayoría de esos temas terminó en proposiciones para que sean regulados por una ley especial, como es el caso de la responsabilidad civil del Estado nacional (Ley 26.944), la regulación de los embriones no implantados, la propiedad indígena, o eliminadas, como es el caso de los derechos individuales homogéneos o el acceso al agua potable, o eliminadas parcialmente como ocurre con la sanción pecuniaria disuasiva, o aspectos de las sociedades comerciales. Dentro del Código quedaron incluidas normas propuestas por el Poder Ejecutivo en el caso de las obligaciones de dar sumas de dinero (Arts. 765 y 766), la eliminación de la responsabilidad del tomador de leasing (Art. 1243), y limitaciones en el contrato de arbitraje (Art. 1649 y ss.).
Sancionada la norma, la misma debe ser aplicada e interpretada dentro de un sistema jurídico (Arts. 1 y 2, del Código).
La conclusión es que el anteproyecto ha sido adelgazado, pero no deformado en su sustancia, ya que ha permanecido no sólo en la mayoría de sus 2671 artículos, sino en sus grandes lineamientos de principios.
En cuanto a los temas excluidos, dependerá del Congreso legislarlos o no y puede hacerlo perfectamente en leyes especiales. En cuanto a los incluidos, su significado dependerá, en gran medida, del proceso de aplicación, teniendo en cuenta la importancia que tiene la pluralidad de fuentes en el sistema jurídico argentino, o de modificaciones que introduzcan leyes especiales posteriores.
Por esta razón, la presentación que hicimos de la publicación del anteproyecto, mantiene su validez y la mostramos seguidamente actualizada.
II. Paradigmas y principios jurídicos
Un Código del siglo XXI se inserta en un sistema caracterizado por el dictado incesante de leyes especiales, jurisprudencia pretoriana y pluralidad de fuentes. La relación entre un Código y los microsistemas jurídicos es la del sol que ilumina cada uno de ellos y que los mantiene dentro del sistema.
Lo importante es entonces que el Código defina los grandes paradigmas del derecho privado a través de principios que van estructurando el resto del ordenamiento, y esa es la proposición metodológica central de este proyecto. En relación a las leyes especiales, se ha decidido mantenerlas como se desprende del texto de la ley de aprobación. Es lo que sucede con salud mental, consumidores, sociedades, etc.
Sin embargo, la potencialidad de los principios irá reformulando el sentido de cada uno de los microsistemas, tarea que incumbe a la doctrina y jurisprudencia.
Sin perjuicio de ello, se mantuvieron una serie de reglas de extensa tradición en el derecho privado porque constituyen una plataforma conocida, a partir de la cual se producen las mudanzas hacia los nuevos tiempos.
Se ha pensado en el ciudadano y por eso los paradigmas y principios responden a las prácticas sociales y culturales vigentes, todo lo cual se expresa en el lenguaje más claro posible.
II. Diálogo de fuentes
El código establece la necesidad de una decisión judicial razonablemente fundada mencionando una pluralidad de fuentes que exceden su propio texto, lo cual lleva a un necesario diálogo entre ellas. Por esta razón se dispone (Art. 1) que en esta materia deben tenerse en cuenta la Constitución, leyes, tratados de derechos humanos y la finalidad de la norma. Asimismo, dispone que la ley debe ser interpretada (Art. 2) teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con el ordenamiento.
Finalmente, el deber del juez de resolver mediante una decisión razonablemente fundada (Art. 3).
Estos textos, conjugados, dan curso a un nuevo modelo en la decisión judicial muy trabajado por la doctrina nacional y extranjera, que constituye un enorme avance en el derecho argentino.
III. Constitucionalización del derecho privado
La mayoría de los códigos existentes se basan en una división tajante entre el derecho público y privado. En este proyecto existe una comunicabilidad de principios entre lo público y lo privado en casi todos los temas centrales. Por primera vez hay una conexión entre la Constitución y el derecho privado, basada en los aportes de la doctrina y jurisprudencia en este tema.

IV. Derechos individuales y de incidencia colectiva
En el Código, de acuerdo con la Constitución, se regulan los derechos individuales y de incidencia colectiva (Art. 14). En este último campo se establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general (Arts. 14 y 240).
V. Tutela de la persona humana
La construcción de una esfera de la individualidad personal es un aspecto central en el proyecto, lo cual puede verificarse en numerosos aspectos.
La capacidad de la persona es la regla y su restricción es una excepción, que debe fundarse (Arts. 31 y ss.). Se establece que, ante la restricción para “determinados actos”, se designarán los apoyos necesarios que deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida (Art. 32). En este orden, el Código constituye uno de los primeros ordenamientos codificados que ajusta sus disposiciones a los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada por Ley 26.378).
Existe un amplio reconocimiento de los derechos personalísimos (Arts. 51 y ss.) que incluye la inviolabilidad de la persona humana (Art. 51), la protección de la imagen (Art. 53), investigaciones en seres humanos (Art. 58), consentimiento informado (Art. 59), el reconocimiento de mayores libertades en materia de nombre (Arts. 62 y ss.); el valor otorgado a la autodeterminación en relación a los intereses atinentes a la esfera vital de la persona (Arts. 55, 56, 58, 59, 561 y cc.) en el marco axiológico de la dignidad humana (Arts. 51, 52, 279 y 1004).
Estas normas se inscriben en una fuerte tradición humanista.
VI. La familia en una sociedad multicultural
En materia de familia se han adoptado decisiones importantes a fin de dar un marco regulatorio a una serie de conductas sociales que no se pueden ignorar. En ese sentido, se incorporan normas relativas al matrimonio igualitario (Arts. 402 y ss.) y las uniones convivenciales (Arts. 509 y ss.), mientras que se reconoce la filiación por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida y por adopción (Arts. 558 y ss.). Se regulan los efectos del matrimonio igualitario ya receptado por el legislador y la posibilidad de optar por un régimen patrimonial (Arts. 446 y ss.).
Esta regulación no significa promover determinadas conductas o una decisión valorativa respecto de algunas de ellas. De lo que se trata es de ofrecer una serie de opciones de vidas propias de una sociedad pluralista, en la que conviven diferentes visiones que el legislador no puede desatender.
VII. Sociabilidad en el ejercicio de los derechos
El ejercicio ilimitado de los derechos individuales conduce a una desarticulación tanto de la sociedad como del mercado y por eso se requiere un orden público de coordinación.
Por esta razón se han reforzado los principios de sociabilidad, y se los ha generalizado al incluirlos en el título preliminar. Es lo que ocurre con la buena fe (Art. 9) y el abuso del derecho (Art. 10), que luego se reiteran en numerosas normas específicas (ej. Art. 729).
VIII. El paradigma protectorio
El paradigma protectorio tutela a los débiles y su fundamento constitucional es la igualdad. Los códigos del siglo XIX regularon los derechos de los ciudadanos sobre la base de una igualdad abstracta, asumiendo la neutralidad respecto de las asignaciones previas del mercado y la sociedad. Superando esta visión el Código Civil y Comercial considera a la persona concreta por sobre la idea de un sujeto abstracto y desvinculado de su posición vital, como ocurre con el paciente (Art. 59), el consumidor (Art. 1092), los pródigos (Art. 48), el integrante de comunidades indígenas (Art. 18); las personas con capacidad restringida (Art. 31), por enumerar algunas entre las numerosas situaciones existenciales tomadas en consideración.
El Código Civil y Comercial busca la igualdad real, y desarrolla una serie de normas orientadas a plasmar una verdadera ética de los vulnerables. Los ejemplos son numerosos: la protección de la vivienda (Art. 244), de otros bienes que quedan excluidos de la garantía común de los acreedores (Art. 744).
IX. Derecho del consumidor
Uno de los grandes paradigmas que incorpora este código es el de considerar que hay un sujeto que puede actuar en condiciones igualitarias con otro, y también otras personas que son débiles y precisan de mayor tutela; igualdad de los iguales, y desigualdad con normas de protección para quienes se encuentran en inferioridad de condiciones. Hasta ahora, las codificaciones tuvieron en mente un solo tipo de sujeto y aplicaban sus normas analógicamente a los consumidores, o se remitían a leyes especiales, o aceptaban normas parciales. Este es el primer caso en que se regula extensamente la cuestión dentro del Código Civil.
Por esta razón se define la relación y el contrato de consumo (Arts. 1092 y 1093), se incluye una amplia regulación de las prácticas abusivas (Arts. 1096 y ss.), de las modalidades especiales (Arts. 1104 y ss.), incluyendo los medios electrónicos (Arts. 1106 y ss.) y de las cláusulas abusivas (Art. 1117).
Esta decisión produce numerosas consecuencias metodológicas que redimensionan el sistema; me limitaré a mencionar una de ellas: el tipo general de contrato se fractura en dos y hay un título relativo al contrato clásico y otro vinculado al contrato de consumo, lo que constituye una definición innovadora en el derecho comparado.
XI. Paradigma no discriminatorio

La igualdad se manifiesta también en el desmontaje de las distinciones que resultan discriminatorias, incluyendo categorizaciones, palabras y textos. Por ello se han incluido reglas generales de interpretación no discriminatoria, como el Art. 402, que dispone que ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio, y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo.
XII. Un nuevo paradigma en materia de bienes

La mayoría de los códigos han quedado desactualizados en esta materia. En efecto, aparecieron bienes que, pertenecen a la persona, pero que no tienen un valor económico, aunque sí una utilidad, como sucede con el cuerpo, órganos, genes, etcétera. La relación exclusiva entre los bienes y la persona también ha mudado y aparecen las comunidades, como ocurre con los pueblos originarios. Finalmente, los conflictos ambientales se refieren a bienes que son mencionados en el Código como del dominio público, pero la Constitución y la ley ambiental los consideran colectivos, y no solamente de propiedad del Estado.
Todo ello requiere una concepción más amplia. Por ello se regulan los bienes patrimoniales como en todos los códigos, pero también los derechos sobre el cuerpo humano (Art. 17), los derechos de las comunidades indígenas (Art. 18), y los bienes en relación a las personas y a los derechos de incidencia colectiva (Arts. 240 y cc.).
XIII. Seguridad jurídica en la actividad económica

En tanto se trata de la unificación del derecho civil y comercial, también se han adoptado decisiones para promover la seguridad jurídica en la actividad económica en numerosos campos.
1) Persona jurídica

Hay importantes avances en la regulación de la persona jurídica (Art. 141 y ss.), de los deberes de los administradores (Art. 159 y ss.), y al regular de modo más minucioso las asociaciones civiles que tanta relevancia tienen en la actualidad (Arts. 168 y ss.).
En el campo de las sociedades comerciales, se introducen modificaciones a la Ley 19.550, referidas al concepto de sociedad, incluyendo la sociedad unipersonal.
2) El régimen de las obligaciones

En esta materia se han introducido importantes modificaciones: La obligación es definida como deuda y como responsabilidad (Art. 724), siendo su objeto la prestación (Art. 725), incorporando así una elaborada producción de la doctrina.
Se incorpora la protección del crédito a través de la mora automática (Arts. 886 y ss.), la promesa autónoma de deuda (Art. 734) y las obligaciones concurrentes (Art. 850 y ss.).
También se desarrolla el régimen de las obligaciones de hacer (Arts. 773 y ss.) de manera apropiada para regular los servicios que tienen un gran desarrollo en la economía actual, lo que se correlaciona con un minucioso régimen en materia de contratos de obra y servicios (Arts. 1251 y ss.).
3) Parte General del contrato

La parte general del contrato es una novedad dentro el derecho comparado, puesto que existe una división del tipo general. Hasta ahora, el consumidor era sujeto de leyes espeCódigo Civil y Comercial de la Nación • XXXIX ciales o, mencionado en algunos códigos como el alemán. Ahora existe un tipo general del contrato y un tipo general de contrato de consumo, de modo que todos los tipos especiales se pueden adaptar según se subsuman en una u otra categoría.
El primer título se refiere a los contratos en general, que son los que tradicionalmente se utilizan en el derecho civil y comercial, para los cuales se han receptado muchos de los principios de Unidroit (5), que constituyen criterios muy aceptados en la tradición jurídica actual (Arts. 971 y ss.). Dentro de este título hay normas especiales para los celebrados por adhesión (Art. 984 y ss.). Es de resaltar también que se han diseñado textos novedosos en materia de vínculos de larga duración (Art. 1011) y contratos conexos (Art. 1073).
El tercer título se refiere a los contratos de consumo, como lo hemos señalado anteriormente.
4) Contratos especiales

Se regulan los contratos de distribución, bancarios, financieros, fideicomisos, muchos otros temas conexos. Para esos fines se ha tenido en cuenta la legislación internacional y el aporte de numerosos especialistas. Se regula el contrato de arbitraje que es un avance para que las partes puedan acordar la solución de sus diferendos, siempre que gocen de autonomía y sin que ello importe afectar los ordenamientos jurídicos procesales. En el trámite parlamentario se han introducido limitaciones referidas a la exclusión de los casos en que está comprometido el orden público (Art. 1649), los contratos por adhesión (Art. 1651, inc. d) y otras cuestiones que restringen el uso de este instrumento en el campo empresarial, al cual está destinado principalmente.
XIV. La responsabilidad civil como sistema

La responsabilidad civil es regulada como un sistema que admite tres funciones: preventiva, resarcitoria y disuasiva. Esta última ha sido restringida por propuesta del Poder Ejecutivo, eliminándose la sanción pecuniaria disuasiva en su versión original y e incluyendo la facultad judicial de reducirla (Art. 1714). Es importante destacar que, por primera vez, se incorpora toda una sección destinada a la prevención (Arts. 1710 a 1713) como lo viene reclamando la doctrina argentina. A continuación, la sección tercera contempla la función resarcitoria (Arts. 1716 y ss.) y, las otras secciones siguientes se refieren daño resarcible, responsabilidad directa, por el hecho de terceros, por la intervención de cosas y ciertas actividades, la responsabilidad colectiva y anónima y finalmente, las responsabilidades especiales (Arts. 1763 y ss.). Es importante señalar que se consagra el principio de la reparación plena (Art. 1740), como lo reclamaba la doctrina nacional.
XV. Derechos reales

En esta disciplina se hicieron cambios importantísimos a los fines de actualizar y sistematizar.
Se ha redactado una parte general de los derechos reales (Arts. 1882 y ss.) y luego partes generales propias de algunos derechos reales, lo que permite ordenar y entender mejor el funcionamiento.
Es importante la regulación que se ha incorporado en cuanto a la propiedad horizontal (Art. 2037), conjuntos inmobiliarios (Art. 2073), tiempo compartido (Art. 2087), cementerios privados (Art. 2103), superficie (Arts. 2114 y ss.).
XVI. Sucesiones

El Proyecto clarifica y mejora aspectos que habían suscitado dudas y controversias.
Además, introduce cambios significativos como la modificación de las porciones legítimas (Art. 2445). Se admite la posibilidad de la mejora a favor de heredero con discapacidad (Art. 2448). Se mantiene la regla que veda los contratos sobre herencia futura, sin embargo, se contempla, conforme a la dinámica actual, la posibilidad de pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, siempre y cuando, obviamente, no afecten la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los derechos de terceros (Art. 1010).
XVII. Privilegios y prescripción

En materia de prescripción y caducidad (Art. 2532 y ss.) se ha ordenado el sistema con una parte general, y reglas claras en cuanto a la suspensión (Art. 2539), interrupción (Art. 2544), dispensa (Art. 2550), y la prescripción liberatoria (Art. 2554 y ss.). Se consagran nuevos plazos de prescripción, reduciendo el término general en la mitad (de los diez años actuales a cinco años), lo cual es acorde a la dinámica de las relaciones jurídicas actuales y resulta por ello más razonable. Igual metodología se adopta en el caso de los privilegios (Arts. 2573 y ss., 2582 y ss.). En ambas materias se ha simplificado la regulación, receptando las sugerencias de la doctrina y solucionando los problemas que dieron lugar a litigios judiciales en estos temas. Creemos que de este modo se logra mejorar la protección del crédito de un modo sustantivo.
XVIII. Derecho internacional privado

El derecho internacional privado presenta un nivel de desarrollo que merece una legislación especial, comprensiva de una litigiosidad global que crece aceleradamente. En ausencia de ella, el Proyecto presenta un cuadro de disposiciones aplicables a situaciones civiles y comerciales vinculadas con varios ordenamientos jurídicos (Art. 2594 y ss.). Con un criterio moderno y exhaustivo, se sientan reglas relativas a las situaciones que puedan presentarse en materia de persona humana (Art. 2613 y ss.); matrimonio (Arts. 2621 y ss.), uniones convivenciales (Art. 2627 y ss.), alimentos (Arts. 2629), filiación (Arts. 2631 y ss.), adopción (Arts. 2635 y ss.), restitución internacional de niños (Arts. 2642 y ss.), sucesiones (Art. 2643), forma de los actos jurídicos (Art. 2649), contratos (incluidos los de consumo —Art. 2654—) responsabilidad civil (Arts. 2656 y ss.), títulos valores (Art. 2658), y derechos reales (Arts. 2663 y ss.).
XIX. La obra de la codificación

La obra de la codificación es, por sí misma, compleja, ya que importa articular un sistema de solución para numerosos casos muy diferentes, que involucran opiniones e intereses también disímiles, que hay que armonizar. Este sistema debe ser equilibrado, para que la colisión de derechos individuales y la que pueda producirse entre estos últimos y los derechos colectivos permita la convivencia social.
Esta tarea es doblemente difícil en las sociedades del siglo XXI, porque todo cambia a ritmo acelerado y la diversidad prolifera. Por esa razón, debe pensarse en grandes lineamientos, en principios y valores que orienten y permitan su adaptación.
Este código tiene la estructura de paradigmas, principios y valores que necesita la sociedad del nuevo milenio; contiene una articulación sistémica que equilibra los intereses para la convivencia social y el desarrollo económico.
Todo eso se ha logrado en base a un gran esfuerzo de la doctrina y jurisprudencia durante muchos años. Ahora es el momento de la aplicación.
Los argentinos nos distinguimos tanto por el esplendor de nuestros triunfos individuales, como por la notoriedad de nuestros fracasos colectivos. Sin embargo, es hora de dar soluciones concretas a nuestro pueblo y diseñar el futuro de nuestros hijos y nietos.
La dimensión histórica es el único sitio en el que un estadista puede apreciar con cierta altura las pasiones humanas y diseñar estrategias para superarlas en beneficio de la sociedad.
(1) La ley 26.994, fue sancionada el 1 de octubre de 2014, promulgada el 7 de octubre de 2014 por el decreto 1795 y publicada en el Boletín Oficial el 8 de octubre de 2014.
(2) El de 1926 preparado por Juan Antonio Bibiloni, el Proyecto de 1936; el Anteproyecto de 1954, redactado bajo la dirección de Jorge Joaquín Llambías; el de Unificación de la Legislación Civil y Comercial, proveniente de la Cámara de Diputados de la Nación (año 1987); el de la denominada Comisión Federal de la Cámara de Diputados de la Nación de 1993; el preparado por la Comisión designada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 468/92; el Proyecto de 1998, preparado por la Comisión creada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 685/95.
(3) El 23 de febrero de 2011 se dictó el decreto 191/11 que creó la Comisión redactora, que integré como Presidente, junto a las Doctoras Elena Highton y Aída Kemelmajer de Carlucci. El anteproyecto fue entregado al Poder Ejecutivo dentro del plazo estipulado. El 4 de julio de 2012, el Congreso constituyó una Comisión Bicameral, integrada por miembros de partidos del oficialismo y de la oposición, que trabajaron intensamente, realizando numerosas audiencias públicas en todo el país, durante las cuales recibieron cerca de mil ponencias. El 28 de noviembre de 2013 se aprobó en el Senado, el 1 de octubre de 2014 se aprobó en la Cámara de Diputados y el 7 de octubre fue promulgado por el Poder Ejecutivo.
(4) Esta afirmación se basa en los debates parlamentarios, en los que las diferencias planteadas se refieren a estas modificaciones.
(5) Unidroit, que es una institución de Naciones Unidas, elaboró una serie de principios generales de los contratos que tienen como propósito la armonización de los diferentes derechos nacionales para facilitar la contratación internacional, y que han sido muy citados en todo el derecho comparado.

– See more at: http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/15/01/2015/prologo-de-obras-importantes-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion-ley-26-994-director-julio-cesar-rivera-graciela-medina#sthash.U0b4urZZ.dpuf
Artículo publicado por Thomson Reuters, sobre el prólogo escrito por el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, presidente de la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial, incluído en los tomos sobre Código Civil y Comercial Comentado, dirigido por Julio César Rivera – Graciela Medina

Las deudas del 1 a 1 ahora no se pueden cobrar en dólares

Ley de Convertibilidad
Las deudas del 1 a 1 no se pueden cobrar ahora en dólares

La Justicia confirmó una sentencia de primera instancia que establecía que una deuda hipotecaria durante la convertibilidad debía liquidarse de acuerdo a las leyes de emergencia económica y no plenamente en dólares, ya que al momento de ser emitida la paridad cambiaria provocaba la inexistencia de diferencias entre una divisa y otra.

En los autos “Terrazas al Mar S.A. s/Concurso preventivo”, la sentencia de primera instancia había determinado que la deuda hipotecaria que el accionante buscó que se ejecutara debía ser pagada en dos partes: la mitad en pesos y la otra liquidada de acorde al valor de la divisa al día del pago. Pero el recurrente entendió que todo el monto debía ser devuelto en dólares o pesificado pero con el valor de la moneda estadounidense en nuestro país.

Pero los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Dolores se manifestaron de acuerdo a la decisión de la jueza a quo y entendieron que, además, la deuda fue contraída cuando las leyes vigentes hacían que un peso tuviera el mismo valor que un dólar.

En su voto, la jueza María Dabadie precisó que “en lo que resulta de interés para las partes, es evidente que al momento de la verificación del crédito hipotecario aludido existía paridad cambiara del peso argentino con el dólar estadounidense, regida por la ley de convertibilidad. En autos, el juez de la instancia aprobó la verificación de créditos el 07.06.1999 y dispuso que los montos e intereses debían ser determinados por la sindicatura en el término de cinco días de notificarse dicha resolución”.

La magistrada precisó que “si bien el síndico, al conformar el pasivo total, en los términos del art. 35 de la LCQ, informó que la deuda del Sr. Grego era de 77.421,20, sin discriminar si dicha suma era en pesos o en dólares, lo cierto es que dicho informe fue confeccionado en los términos del art. 19 de la LCQ, que dispone que ‘las deudas en moneda extranjera se calculan en moneda de curso legal, a la fecha de la presentación del informe del síndico previsto en el artículo 35, al sólo efecto del cómputo del pasivo y de las mayorías’”.

“De allí, que la razón por la que no se determinó la moneda del crédito hipotecario en el informe referido fue porque el mismo debía confeccionarse en pesos; además de que en dicho momento, al existir la paridad cambiaria, carecía de relevancia la distinción. También debo decir, que más allá que no existen en autos constancias del mutuo hipotecario, presentado ante el síndico en su oportunidad, lo cierto es que no caben dudas que aquel fue pactado en dólares, cuestión que no se halla controvertida en autos”, explicó la camarista.

La vocal añadió: “En consecuencia, considero acertada la sentencia en lo que refiere a señalar que al tiempo de verificarse el crédito el marco normativo de referencia dado por el Estado era la paridad cambiara de la ley 23.928, por lo que se debe tener en consideración que, al tiempo de advenir la pesificación, dicho crédito quedó comprendido en la normativa de la ley 25.561, decreto 214/02 y sus modificatorias”.

La integrante de la Cámara manifestó que “no debe soslayarse, a mi entender, que más allá de no haber sido objeto de debate en autos la constitucionalidad de las referidas normas de pesificación, que no resulta necesaria la invocación por los justiciables de las leyes que se deben aplicar al sentenciar, pues es sabido que el juez debe conocer toda la legislación vigente en la República”.

“Es así, que las leyes de emergencia económica denominadas de “pesificación asimétricas” debieron ser aplicadas al caso en juzgamiento, no sólo por imperio del orden público sino también por la interpretación que la Corte Nacional y la doctrina mayoritaria han realizado del principio de irretroactividad de la ley”, consignó la sentenciante.

Dabadie explicó que “incluso, en apoyo a esta corriente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recientemente ha resuelto que ‘no constituye obstáculo la circunstancia que la ejecutada no hubiese solicitado expresamente la aplicación de las mencionadas normas, después del dictado de la sentencia de trance y remate, habida cuenta del carácter de orden público de dicha normativa no cuestionada por la actora, circunstancia que debió llevar al magistrado a su aplicación de oficio y pudo llevar a la coejecutada a entender que la deuda se había pesificado’”.

“Más aún, en cuestiones de similar naturaleza el Máximo Tribunal Nacional ha dicho que si bien el art. 3 del Cód. Civil se limita a establecer que la ley no puede afectar en forma retroactiva un derecho amparado por la Constitución, ello no significa que tales derechos deban mantenerse impolutos y que la ley no pueda modificarlos, pueden modificarse en tanto no se los desnaturalice, se mantenga su esencia. Tal es el caso de las leyes de emergencia económica que han sido dictadas en circunstancias económicas o sociales de excepción, que han hecho necesaria la adopción de medidas extraordinarias”, afirmó la jueza.

La magistrada puntualizó que “de allí que deba quedar claro que no era necesario que las partes solicitaran la aplicación de tales leyes, pues las mismas tenían plena vigencia y por ende fueron correctamente aplicadas de oficio al caso por la sentenciante. Por ello, para resolver la cuestión, se debía tener en cuenta la situación fáctico-temporal, además del principio de buena fe contractual y del criterio de que tanto el acreedor como el deudor compartieran el esfuerzo, tal como se decidió en la primera instancia, que además resulta ser el razonamiento uniforme de la Corte Nacional como del Superior Provincial, que incide directamente como doctrina legal”.
Dju
Terrazas al Mar S.A. s/Concurso preventivo
Fuente:Noticias por fuero,Diario Judicial, 13 febrero 2015. Disponible en:http://www.diariojudicial.com.ar/contenidos/2014/12/01/noticia_0008.html

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